En breve, las empresas tendrán la obligación de adaptar su software o instalar uno que cumpla con los requisitos establecidos por la conocida «Ley antifraude».
El objetivo de esta ley es eliminar el uso de programas de contabilidad, facturación o gestión que permitan a las empresas realizar una facturación paralela a la oficial, conocidos como programas de doble uso. Con esta medida, se pretende prevenir la manipulación de datos contables y poner fin a prácticas de facturación y doble contabilidad que puedan omitir o alterar las transacciones realizadas. Para ello, se prohíbe la creación de programas o sistemas informáticos que posibiliten esta manipulación.
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Pero, ¿qué es un programa antifraude?
Es aquel programa de contabilidad, facturación o gestión que cumple adecuadamente con los requisitos establecidos por la nueva ley. Esto significa que no debe presentar omisiones ni alteraciones de datos que no queden registradas en los propios programas, y sus registros deben cumplir con las características de integridad, conservación, accesibilidad, legalidad, trazabilidad e inalterabilidad. También es imprescindible que el programa esté certificado e impida la modificación y eliminación de sus registros a fin de garantizar la transparencia en la facturación.
¿A quién afecta esta ley y qué ocurre si no se dispone de un programa antifraude?
Esta ley se aplica en todo el territorio español y afecta a autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como asesorías y despachos profesionales que ejerzan una actividad económica. También tiene implicaciones para los no residentes, productores y comercializadores.
Las sanciones impuestas oscilarán entre los 50.000 y los 150.000€, tanto para empresas como para fabricantes de software que comercialicen un programa no homologado por la administración.
Algunos puntos clave de esta normativa son:
· Se pueden utilizar programas desarrollados por terceros siempre que estén certificados.
· Este programa debe permitir el envío de toda la información a la Agencia Tributaria, aunque la decisión final de enviarla o no recae en el usuario.
· Los registros de facturación de alta y anulación deben contener una huella o hash y una firma electrónica. Esta información debe ser legible mediante un código QR que debe incluirse en la factura.
· Este código de identificación o QR puede ser usado por parte del receptor de la factura para enviar esta información a la Agencia Tributaria, aunque no equivale a presentar una denuncia.
En resumen, la Ley Antifraude de 2023 impone exigencias claras para el software de gestión ERP. Las empresas deben garantizar que su software cumpla con estos requisitos para evitar sanciones económicas. Es esencial disponer de un programa antifraude que sea certificado y que impida la manipulación y destrucción de los registros, asegurando la transparencia en la facturación.
Si necesitas adaptar su software de gestión ERP para cumplir con los requisitos de la Ley Antifraude, en MERLOS está aquí para acompañarte en todo el proceso.
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